La gente de San Buenaventura, un pequeño pueblo en el norte
de Bolivia, recientemente hizo buen uso de su derecho constitucional a la
justicia social al poner a su alcalde, Javier Delgado, en un cepo durante una
hora, para hacerle saber que no están satisfechos con sus servicios. El 25 de
febrero, el alcalde debía inaugurar un puente construido con
fondos estatales y municipales, pero cuando llegó al sitio, se sorprendió al
saber que la multitud que lo esperaba no estaba allí para asistir al evento.
Sin siquiera molestarse en explicar por qué lo castigaban, simplemente
agarraron a Delgado y lo pusieron en el cepo de madera. “Ni siquiera me dieron
la oportunidad de averiguar por qué me estaban sometiendo a este castigo, pero
no opuse resistencia porque sabía que existía el riesgo de que las cosas se
complicaran aún más”, dijo el alcalde. “Más tarde, me dieron la oportunidad de
explicar y luego me pidieron disculpas, ya que vieron que habían sido
manipulados y desinformados por adversarios políticos y empresarios locales”. Para
empeorar las cosas, esta era en realidad la tercera vez que el alcalde Javier
Delgado probó la justicia social durante su mandato de dos años y medio. Al
igual que muchas otras comunidades indígenas en Bolivia, la gente de San
Buenaventura se gobierna de acuerdo con tres principios básicos: “no seas
perezoso, no seas mentiroso, no seas ladrón” y recurren a la justicia social
cada vez que alguien infringe alguno de ellos.
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